ARTÍCULO PUBLICADO POR BLANCA CARBONELL. REINOSA 27 de Julio de 2012.
La titular del Juzgado de Primera Instancia de Reinosa ha imputado al alcalde de la localidad, José Miguel Barrio, y a los concejales de Obras, Julio César García, y de Hacienda, Emiliano Corral -los dos primeros regionalistas y el tercero socialista- por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por los que están siendo investigados a partir de una denuncia interpuesta por los ocho concejales del Partido Popular de la corporación y otra presentada, ésta a título particular, por un contratista.
La denuncia interpuesta por el Grupo Popular se refiere a los contratos de dos obras realizadas por el Ayuntamiento y financiadas a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local; la rehabilitación del Ferial de Ganado para Casa de la Juventud y el acondicionamiento de la Residencia de Ancianos San Francisco II.
Según la denuncia, se han observado irregularidades que primero afectaban a la adjudicación de obras, sin acogerse al procedimiento administrativo legalmente previsto, y que después «han llegado a ser distracciones de importantes cantidades de dinero público en propio beneficio de los mandatarios municipales».
El Grupo Popular aporta como pruebas informes del interventor en relación con las facturas de la empresa adjudicataria del proyecto de rehabilitación del Ferial, por presupuestos complementarios de dicha obra. Argumenta la denuncia que el proyecto se modificó con un exceso mayor del 10 % sobre el precio por el que se adjudicó la obra. Con respecto a la obra de la residencia, la actuación se refiere al cambio de la empresa adjudicataria «de forma arbitraria».
Un contratista
Además, la Justicia ha admitido una segunda denuncia, ésta presentada por un particular cuya empresa contrató una serie de obras a realizar con Julio César García en nombre del Ayuntamiento.
En su declaración, el denunciante ha dicho que de las obras para las que fue contratado sólo realizó una -la 'iglesia de los gitanos'- y que el concejal regionalista le ingresaba en su cuenta facturas a su favor por todas las supuestas obras que había realizado pero que en realidad no había llevado a cabo. Después, según él, el concejal transfirió dinero desde la cuenta del denunciante a las suyas propias, algo que fue posible porque García «tiene amistad con las personas que trabajan en el banco».
En su denuncia, el demandante reclama 42.000 euros, cantidad que presuntamente le han retirado de su cuenta bancaria.
Con todo eso, la jueza de Reinosa ha iniciado las oportunas diligencias que en septiembre derivarán en la declaración de los tres imputados, sobre los que la magistrada recabará información en el Ayuntamiento y la entidad bancaria.
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